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El revolcón ambiental que planea el Gobierno vía ‘fast track’

En próximos días el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) iniciará la socialización de las reformas que cumplirían con el objetivo de modernizar y fortalecer el sistema nacional ambiental, uno de los caballos de batalla del Ministro Luis Gilberto Murillo.

La intención inicial es hacer tres enviones dentro de los seis meses que dura el ‘fast track’ establecido en el Congreso para la instrumentación legislativa de los Acuerdos de Paz. El primero ya está negociado con el resto del gobierno e incluye una reforma constitucional, una ley de pago por servicios ambientales y una reforma para asegurar que las personas que viven dentro de los parques nacionales naturales lo hagan de manera lícita.

En un segundo paquete se presentaría una ley para modificar aspectos claves de la Ley 99 de 1993, así como una ley de cambio climático y una reforma a la ley 2 de 1959 que rige las reservas forestales. Estas dos aun no son objeto de concertación con el resto del gobierno.

Por último, se podría presentar una, muy necesaria, Ley forestal general que le pondría orden al uso comercial de los bosques en nuestro país.

Semana Sostenible conoció los borradores de los textos y estos son los puntos más importantes de las propuestas, que con seguridad, serán muy polémicas.

Está por verse si al final el gobierno se la juega por estas reformas por encima de las de otros sectores, particularmente considerando que son muy vulnerables a que la Corte las tumbe por considerar que no están directamente relacionadas con la paz.

Menos autonomía para las Corporaciones Autónomas (CAR)

La Constitución de 1991 le dio a las Corporaciones Autónomas Regionales un carácter diferente al de otras entidades estatales, pero esto estaría a punto de cambiar, con el proyecto del gobierno, que acabaría con las distintas interpretaciones de esa autonomía que no ha permitido que el Ministerio ejerza de manera eficiente su labor cómo cabeza del sector ambiental.

El gobierno busca reformar específicamente los artículos 150 y 189 de la Constitución, agregando a las funciones del Presidente la de ejercer la inspección y vigilancia de la gestión ambiental, incluido el uso de sus recursos. Estas nuevas funciones se delegarían al ministerio correspondiente y se asemejarían al régimen existente para los servicios públicos. (Vea también: CARs rechazan la reforma que restringiría su autonomía)

Esa acotación a la autonomía se vería regulada en el proyecto de ley que reforma a la Ley 99 y que le da al MADS herramientas para cumplir con sus nuevas funciones de inspección y vigilancia. Además de llamados de atención públicos y privados, el Ministerio podría llegar a multar a individuos y a organizaciones para asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental y de los recursos naturales.

También, el proyecto de ley busca reformar el consejo directivo de las corporaciones en dos sentidos. Primero, modificaría el proceso de elección de los directores: la convocatoria y la elección seguirían en manos del consejo directivo, pero la decisión final se haría sobre una terna constituida por una firma de cazatalentos seleccionada por el Gobierno Nacional y enviada por la Presidencia de la República.

Segundo, al consejo directivo de cada corporación se agregarían delegados del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de un instituto de investigación del sector ambiental y de la Unidad de Planificación Ambiental, una nueva entidad similar a la Unidad de Planeación Minero Energética (UMPE) o la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), descrita en el punto dos.

Dos nuevas entidades y una ANLA transformada

La reforma a la Ley 99 incluiría la creación de dos nuevas entidades y una reforma para transformar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en Agencia.

La primera nueva institución seria la Unidad de Planificación Ambiental, y estaría a cargo de coordinar y ordenar la información para la toma de decisiones en temas ambientales dentro y fuera del sector.

La segunda nueva institución sería la Unidad Administrativa Especial de Mares (UAEM), cuyas principales funciones serán ordenar y administrar el medio marino, y vigilar, controlar y hacer cumplir las normas para preservar la protección de tales ecosistemas. Administrativamente la UAEM sería similar a Parques Nacionales Naturales, podría comprar y vender bienes muebles e inmuebles e iría más allá de la regulación o producción de información.

Finalmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se convertiría en una agencia con mayor autonomía de la que tiene. Su estructura y alcance sería similar a la de la Agencia Nacional Minera o la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El alcance de las licencias sería el mismo, pero la intención está en darle mejores herramientas y menos susceptibilidad al vaivén político. El presidente de la agencia sería de libre remoción y nombramiento por parte de la Presidencia de la República.

Permitir que los recursos de la sobretasa ambiental al predial se inviertan por fuera de sus municipios

Las ciudades y poblaciones más grandes del país, por lo general, dependen de la condición de ecosistemas próximos. El ejemplo más citado es el de Bogotá, cuyo acceso al agua depende de páramos y parques como Chingaza.

Hasta ahora, no es posible que las ciudades destinen recursos que obtienen de la sobretasa ambiental al predial fuera de sus jurisdicciones. Por ejemplo, Bogotá no puede contribuir con recursos a la conservación de los ecosistemas que le permiten acceder a agua y aire limpios. La reforma a la ley 99 abriría esa posibilidad.

Las principales instancias de planificación y coordinación del sector, pasaría de ser ‘ambientales’ a promotoras del ‘desarrollo sostenible’.

Aunque la diferencia parecería ser semántica, modificar el nombre del Consejo Nacional Ambiental a Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible tiene un impacto en sus tareas y composición.

Con la reforma participarían activamente sectores económicos que no se tenían en cuenta porque no se consideraban que lo ambiental estuviera dentro de la naturaleza de sus funciones o preocupaciones. Además del Consejo Nacional, habrá consejos regionales y una Comisión Nacional de Control Ambiental que convocará a los demás sectores para incluir criterios ambientales en su habitual rectoría y regulación de los temas a su cargo.

El control de la deforestación sería responsabilidad de los municipios

Hasta ahora ninguna entidad en Colombia es responsable de evitar la deforestación, ni hay manera de castigar el mal desempeño de una entidad territorial en el tema. Con la reforma, la tarea de coordinar las acciones necesarias para evitar la deforestación dentro de su jurisdicción quedará en manos de cada municipio. Esto tiene lógica, siendo las autoridades locales las que mejor conocen el territorio.

El proyecto establece también que los departamentos donde estén los mayores tasas de deforestación, y las corporaciones de la jurisdicción, serían castigadas con acceso limitado a recursos del Presupuesto General de la Nación. Los políticos seguro tendrán mucho que decir sobre este tema en el Congreso.

Creación del ‘Paz y salvo ambiental’

Para tener mayor control sobre el uso del agua, el paquete ambiental de la paz incluiría que para todo trámite de venta y desenglobe de predios rurales ante una Oficina de Instrumentos Públicos se exigiría un ‘paz y salvo’ para demostrar que se han hecho todos los pagos necesarios por el uso y contaminación del agua.

Permitir la presencia y actividad de particulares en parques nacionales mientras sus actividades sean lícitas

El Estado lleva décadas tratando de resolver el tema de las personas que viven y trabajan dentro de los Parques Nacionales Naturales, ya sea porque estaban ahí antes de que se declararan áreas protegidas o porque llegaron después. Un proyecto independiente de ley establece las condiciones para que esas personas entren en un proceso de concertación con las Unidades de Parques para tener posibilidad de legalizar su presencia. Si no cumplen con lo establecido en el proceso de concertación, tendrán que salir de la zona.

Del paquete de reformas, los expertos están de acuerdo en que este es de los que mayor relación tiene con los temas de paz dado que muchos parques nacionales se encuentran en los municipios priorizados para el posconflicto.

Establecer y formalizar un sistema nacional de pago por servicios ambientales

La herramienta de pago por servicios ambientales existe pero está dispersa en la normatividad. El Gobierno Nacional le apuesta a que los pagos por conservar sean una de las principales herramientas para garantizar la paz en los municipios priorizados para el posconflicto, así serían una alternativa de ingresos para personas afectadas por la guerra. El proyecto de ley ordenaría la normatividad y, más importante, le asignaría recursos al tema. Aunque la fuente sería en principio un porcentaje importante de los ingresos provenientes del impuesto al carbono o impuesto verde a la gasolina, en la coyuntura esos recursos son objeto del deseo para varios sectores, por lo que el porcentaje está aún en duda.

Ley de Cambio Climático

El Sistema Nacional de Cambio Climático, mediante el cual se deben priorizar las medidas del país tanto en mitigación de gases de efecto invernadero como en la adaptación a los ya inevitables efectos del fenómeno global, no existe a nivel legal. La ley crearía el sistema y le asignaría recursos para sus actividades.

Cambios a las áreas de reserva forestal establecidas por la Ley Segunda de 1959

La restricción para el uso de las zonas de reserva forestal ha ido cambiando desde su establecimiento en 1959. Año tras año, las posibilidades de sustracción de esos territorios para hacer posible la actividad económica han ido cambiando. El gobierno buscaría incluir en la Ley de Tierras medidas que permitirían hacer pequeñas titulaciones dentro de las reservas para cumplir con lo acordado con las Farc.

Tomado de la Revista Semana - Semana Sostenible.